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“En este actual gobierno se están destrabando nudos de casos de corrupción, de ilegalidad, de procedimientos ilegítimos y atropellos de la norma”.

En ese sentido, Garlo contextualizó el pedido de autorización que en el año 2017 la Intendencia de Maldonado (IDM) le solicitó a la Junta Departamental, para firmar un acuerdo con sociedades anónimas offshore de origen panameño.

“Esas sociedades anónimas decían haber comprado los derechos hereditarios de una familias vinculadas a los fraccionadores del balneario Buenos Aires; se arrogaban el derecho de propiedad y pedían pagar contribución inmobiliaria”.

Garlo remarcó, que las personas involucradas debieron realizar una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ya que debido a la normativa existente no contaban con una planilla que diera constancia de la contribución inmobiliaria. Luego de que el TCA le diera la razón a la IDM, los privados continuaron con el juicio.

“En la década del 90, la directora de Jurídica de la intendencia resolvió que todas esas tierras de la costa no tenían acreditada la propiedad correctamente, por tanto no se les emitía planilla de contribución inmobiliaria”.

Asimismo, el edil frenteamplista subrayó que si bien en el año 2016, bajo el mandato de Enrique Antía, desde la IDM se presentó una demanda judicial contra las sociedades anónimas, posteriormente se sugirió realizar un acuerdo entre partes. “Lo que la intendencia dice es: le reconocemos la propiedad privada y ustedes nos dan a cambio un conjunto de lotes dentro del fraccionamiento del balneario Buenos Aires”.

“Nosotros planteábamos que la tierra era pública y ese acuerdo era totalmente desbalanceado”.

En esa misma línea, Garlo aseguró que, luego de que la Junta Departamental aprobara la transacción con los votos del Partido Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas se presentó en el juzgado aduciendo que las tierras son fiscales, y que por tanto, forman parte del Estado nacional no departamental.

Por otra parte, la controversia sumó una nueva arista, luego de la recategorización de suelo rural a urbano.

“Nos enteramos que la IDM por sola resolución, recategorizó el suelo de esos padrones y los pasó de rurales a urbanos lo que implica que allí se pueda construir y eso está prohibido por la ley (…) es el preámbulo para que las sociedades puedan construir sobre todo el frente costero del balneario Buenos Aires”.

Por dicho motivo, Garlo afirmó que en los últimos años de gobierno del ingeniero Antía han tenido lugar una serie antecedentes con “vicios de ilegalidad” que conllevan al “atropello total de la normativa a nivel departamental”.

Finalmente, denunció la aprobación de excepciones “a mansalva” y destacó la importancia de la participación ciudadana.

“Tenemos la obligación de resolver los temas recabando insumos de la comunidad”, concluyó.