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Cuatro personas recibieron una notificación de la Intendencia de Maldonado que indicaba que este 15 de noviembre a las 8 de la mañana se iba a proceder con la demolición de sus viviendas, las cuales se encuentran sobre la playa del balneario Punta Colorada.

Pablo Donnángelo, uno de los abogados de los denunciantes, dijo a FM GENTE que la ley de Ordenamiento Territorial “exige que para la demolición de viviendas o de construcciones, ya sea en tierras de dominio público como en tierras privadas, las intendencias departamentales deben contar con una autorización judicial expresa que así lo disponga”.

“En este caso, lo que procura la Intendencia de Maldonado, es la demolición de viviendas salteando la obligación legal que está comprendida en la ley de obtener una decisión judicial que autorice la demolición”, explicó.

“Implica un actuar arbitrario de la administración pública en prejuicio de nuestros clientes que se ven de la noche a la mañana privados de derechos esenciales como en este caso el derecho a la vivienda”, agregó.

Los denunciantes son cuatro personas entre 80 y 90 años, lo que para Donnángelo es un atenuante ya que el Estado uruguayo suscribió en la OEA las obligaciones de proteger a los adultos mayores “de desalojos forzados, ilegales, de que puedan ejercer libremente el derecho de propiedad y que dispongan de la libre disposición de sus bienes”, señaló.

“El Estado debe prevenir el abuso y la enajenación de la propiedad de los adultos mayores. Esta decisión de venir con la topadora mañana a las 8 de la mañana coloide frontalmente con las obligaciones que el estado Uruguay asumió”, añadió. “Esta destrucción de sus hogares es algo que los afecta psicológicamente y emocionalmente de una manera devastadora”.

La denuncia penal es contra el intendente Enrique Antía y no contra la Intendencia ya que “las responsabilidades penales son atribuibles a los individuos, a las personas físicas. Entendemos que el primer responsable de esta situación es el intendente Antía cuando él ha tomado conocimiento y ha avalado según surge del expediente administrativo la decisión de ejecutar la demolición”, informó.

“Sin prejuicio de que eventualmente existan otros responsables u otras responsabilidades, entendemos que la responsabilidad de Antía es directa”, remarcó. “Lo que hacemos es poner en conocimiento de la Justicia estos hechos y será la Justicia quién decida”.

PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE

La Intendencia, antes de esta decisión de demolición, ya se encontraba en un proceso judicial porque pretende demoler estas viviendas ubicadas sobre la costa. El caso está siendo evaluado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Paralelamente a esa denuncia penal, los abogados Marcelo Güinle y Hugo Costa presentaron una acción de amparo este lunes ante el Juzgado de quinto turno de Maldonado y conjuntamente solicitaron la suspensión de la demolición prevista para este miércoles. La Justicia falló a favor de los denunciantes y la demolición se suspendió.

Este 15 de noviembre tendrá lugar la audiencia de amparo que pretende “que la Intendencia aguarde el pronunciamiento de la Justicia a efectos de determinar si su actuar es legal o ilegal y se actué en función de lo que el Tribunal de lo Contencioso decida”, señaló.

Escuchá la entrevista completa haciendo click en el enlace situado debajo.




Foto: Montevideo Portal

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