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Al vencerse este jueves la medida cautelar de prisión preventiva de 90 días que se había ordenado en febrero, A.C. fue trasladada desde la Unidad 5 (cárcel femenina) de Montevideo para la audiencia que se sustanció en el Centro de Justicia de Maldonado.

En la instancia, la Fiscal Adriana Sampayo solicitó prorrogar el plazo de detención por 90 días basándose en que aún no están finalizadas las pericias técnicas al teléfono celular de A.C. y que se consideran fundamentales para culminar la investigación en torno al papel de esta ciudadana en el robo de joyas.

De hecho, la fiscal explicó que cuando fue detenida, A.C. estaba manteniendo una conversación con alguien que se supo era “Alejandro” pero que al momento de declarar nunca quiso identificar y señalar quién era ese individuo. Por este motivo, entre otros, la fiscalía entiende que del informe que surja luego de acceder a los datos, incluidos los borrados, del teléfono de la mexicana se podría llegar a imputarle otro delito de tipo organizativo.

En la audiencia también se pudo confirmar que A.C., al igual que había sucedido con la otra mujer detenida e imputada por este caso, cambió su defensa –que había recaído en la defensora de oficio Alicia Magnani- pasando a ser defendida por los Dres. Juan Bogado y Damián Burgueño.

Este detalle no pasó desapercibido ya que ambos profesionales han sido relacionados con el matrimonio Balcedo-Fiege y, de hecho, se indicó que fue Paola Fiege, quien durante su reclusión en la misma Unidad 5 que las dos mexicanas, había intermediado para que Bogado se hiciera cargo de la representación legal de las mujeres.

Por su parte, el Dr. Damián Burgueño fue objeto de un allanamiento por parte de un equipo de policías e inspectores de la DGI que se constituyó en su estudio jurídico al ser el profesional señalado como muy cercano a Balcedo. También se lo vincula a la firma Minblon SA, titular de la emisora FM 89.5 de Punta del Este que formaba parte de las empresas de Balcedo.

En diálogo con la prensa, el Dr. Bogado se excusó y amparó en su secreto profesional cuando fue consultado por la vinculación entre el matrimonio argentino, las mexicanas imputadas por el robo a la joyería y el patrocinio legal que ejerce con Burgueño.

EL DOMICILIO FIJO
Fiscalía y Defensa debatieron durante la audiencia acerca del peligro de fuga como elemento determinante a la hora de dejar en libertad o extender la prisión preventiva de A.C.

Mientras la defensa, a juicio del juez, “hizo una argumentación impecable” sobre el riesgo procesal, la defensa, dijo el magistrado, “ensayó” pero no fue lo suficientemente preparada para presentar un escenario firme en cuanto a establecer un domicilio fijo y condiciones que permitieran considerar que si A.C. era liberada no iba a abandonar el país.

El Dr. Bogado en primera instancia apeló a un compromiso de parte del Consulado Mexicano, cuyo representante estaba presente en la audiencia, para garantizar domicilio para A.C.

Sin embargo, al tiempo que Bogado señalaba esto, una fila detrás, el cónsul negaba con la cabeza, situación que no pasó desapercibida para el juez que lo señaló explícitamente. El defensor mostró su sorpresa y rápidamente ofreció otros dos domicilios alternativos: uno en Montevideo y otro en Punta Negra.

Ante el reclamo del juez de concretar, Bogado señaló que A.C. podía constituir domicilio en Ruta 10 y Avda Brasil (Punta Negra) “en un apartamento que la defensa va a alquilar para ellos”. Al señalar el magistrado que se trataba de un “proyecto”, Bogado contestó que era un “apartamento de clientes de la defensa”. En diálogo con los medios de prensa, Bogado tampoco quiso profundizar mayores detalles sobre la vivienda que ofreció como arraigo para A.C. ni sobre sus propietarios.

PROCESO ABREVIADO
Finalmente, el Juez González hizo lugar al pedido de fiscalía de extender la medida cautelar de prisión preventiva, aunque acortó el plazo a 60 días e instó a las partes a tratar de llegar a un acuerdo para concretar un proceso abreviado.

Este extremo fue ampliado por Bogado en su diálogo con la prensa cuando explicó que hay negociaciones con fiscalía y que los representantes del Ministerio Público manejan un acuerdo que implique una pena de prisión superior a dos años, extremo que la defensa no comparte.

De cualquier forma, Bogado dijo que la decisión final será de A.C. en cuanto a aceptar el acuerdo con fiscalía.


Escuche el audio con el resumen y resolución del Juez González: