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Franco admitió que se enteraba por FM Gente de los detalles del proyecto y, al ir escuchando cada artículo, los refutó uno a uno bajo la convicción de que ya se están aplicando por el decreto vigente. El jerarca señaló que a través del decreto 3817, que Unión y Cambio pretende derogar, ya "funciona desde hace años" una Comisión de Regularizaciones y Estudio de soluciones habitacionales. “Es la que ha llevado adelante la regularización del tema”, enfatizó.

También dijo que los mecanismos de estudio casuístico de las situaciones ya está en el decreto 3817. “La posición del Ejecutivo es la ya expresada por la intendente Susana Hernández y la bancada del Frente Amplio deberá hacer las consultas pertinentes para ver las connotaciones legales del proyecto que se propone, presentado además en un año y un momento muy particular”, observó Franco.

El jerarca defendió a todas las personas que han pagado sus viviendas de interés social y recordó que en el grupo en proceso de desalojo en Cerro Pelado hay familias que no pagan su cuota desde hace años, algunos desde que la recibieron en la década del ’90. “¿Cuál es el criterio que quieren aplicar los ediles de la oposición? ¿Al que tiene vivienda social y no paga no se lo desaloja pero al que alquila a nivel privado sí? Tiene pinta de que actúan por amiguismo: ‘no desalojen a estos que son amigos míos y reivindicamos el derecho de la Justicia a actuar con los que no conocemos’”, razonó, para reivindicar luego “ley pareja para todos”.

Además, sostuvo que Unión y Cambio “está proponiendo cosas que ya se hacen”. En ese sentido, remarcó que la intendencia ya brinda “ayuda de emergencia a los desalojados” como propone el documento de los nacionalistas. A modo de ejemplo, mencionó el caso de las familias desalojadas recientemente del asentamiento El Pulpito, en La Barra.

Franco opinó que los blancos están en su derecho de presentar el proyecto, pero afirmó que la Intendencia estudia la situación social de cada familia antes de tomar decisiones. “No es lo mismo no pagar un alquiler para comer arroz que no pagar el alquiler para comprar un auto”, graficó. Acto seguido, insistió en que todo lo que se propone está planteado actualmente, como las condiciones para las quitas y esperas, o los porcentajes de ingreso familiar del adjudicatario para calcular las cuotas, entre otros puntos.

“Me sorprende mucho, porque ya todo eso está estipulado. Hay un grado de desconocimiento importante y eso me extraña, con la capacidad reconocida de algunos ediles blancos, que además participaron de la discusión del decreto 3817”, sostuvo el director. “El proyecto no aporta nada nuevo. Se quiere derogar el 3817 para hacer otro decreto igual, con un nombre diferente. Evidentemente, quieren que cambie el padrino del decreto, hacerlo propio en una época electoral muy delicada”, concluyó.

ARGUMENTOS DE UNIÓN Y CAMBIO

Al fundamentar el proyecto en el plenario de la Junta Departamental, este martes por la noche, el edil Federico Casaretto explicó que el texto es producto del análisis realizado entre la bancada del sector y el diputado Nelson Rodríguez, interpretando “el espíritu de la conversación” que mantuvieron días atrás con la intendente Hernández por este tema. El proyecto contempla, además, la opinión de “distintos vecinos” que plantearon su problemática a las bancadas.

Casaretto reivindicó la necesidad de que el tema sea analizado y discutido en la Junta Departamental “en un plazo perentorio” pero sin que el gobierno imponga fechas. “No sé de qué partido son los vecinos que están en esta dificultad, pero tenemos que buscarles una solución con un rápido diligenciamiento”, reclamó. Al mismo tiempo, aseguró que el proyecto de decreto “reúne todas las aristas, no deja escapar absolutamente nada, tiene todo previsto. Se puede mejorar a través de las comisiones, pero que el expediente no duerma”.

Lea el texto completo del proyecto presentado por Unión y Cambio, con su exposición de motivos: