Facebook Twitter WhatsApp

En el comunicado oficial, la gremial indica que “en este momento, luego de casi 15 días de conflicto en Riogas, la primera gran consecuencia negativa es que dos departamentos enteros, como Maldonado y Rocha con un entorno de 250.000 habitantes se encuentran sin suministro de supergás”.

“Podríamos decir que son de rehenes de una medida sindical, casi se trata de una situación de ´sitio´. Es como una escalada inédita en medidas sindicales que ejerce autoritariamente la decisión de que habitantes del Uruguay cuentan con un producto de primera necesidad y cuáles no. Es dictaminar que hay ciudadanos de primera categoría y otros de segunda a los que se les niega el acceso a un tipo específico de bienes”, agrega.

El pronunciamiento señala que esta es una “medida es una ostentación de poder, es un ejercicio de medir las fuerzas de cada uno, mientras el Estado que es quien tiene que ejercer efectivamente el poder real se encuentra de brazos cruzados, se diría que con temor a tomar medidas correctivas e intervenir para defender los derechos de los habitantes de estos departamentos. Son espectadores de lujo”.

“Por otra parte algunas empresas del sector ante la amenaza de ver paralizada la producción de sus plantas, aceptan esta especie de chantaje, siguen el juego del sindicato negándose a enviar supergas a esos departamentos y omitiendo uno de sus principales deberes dentro del concepto de Responsabilidad Empresarial. No queremos pensar que están haciendo la vista gorda por tener muy presente la ‘Caja Chica’. Es muy llamativa la celeridad demostrada por el Ministerio de Industria y Energía liberando la posibilidad de envasar garrafas de cualquier color, y paradójicamente permite que dos departamentos continúen sin suministro”, resalta.

ADISUP subraya que “como consecuencia de este conflicto hoy tenemos una realidad que puede denominarse como ‘daño colateral’ afectando a más de 1500 puestos de trabajo del área transporte y distribución de Riogas en todo el país y DUCSA, Megal y Acodike en Maldonado y Rocha”.

“Debe tenerse en cuenta que hace 45 días, después de 6 meses de negociación se firmó el nuevo Convenio Colectivo del sector en el cuál claramente se superó la pauta de ajuste marcada por el gobierno (ante la presión del Sindicato y la anuencia del Ministerio de Trabajo). Lo que recibimos a cambio de esta concesión es un conflicto salvaje que demuestra que las cláusulas de paz de dicho convenio son ‘letra muerta’ y también deja en claro que el Ministerio de Trabajo no es garante de ningún Convenio Colectivo. Por esta razón hemos decidido hacer la consulta con nuestros asesores legales para evaluar la Denuncia Judicial del mismo”, concluye la nota.