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“Vamos a ver, sé que hay intendencias que lo han hecho directamente llevando las topadoras, no va a ser nuestro sistema ese; preferimos adoptar las vías procesales, pero lo vamos a analizar”, dijo.

Explicó que “nosotros no hemos todavía entrado a analizar cómo va a ser el mecanismo que vamos a utilizar en torno a esas viviendas, lo que más nos interesaba es este resultado, un resultado que ya está consolidado, y ahora la etapa que viene sí, es justamente ver qué pasa con las construcciones que están ahí”.

La funcionaria estimó que las construcciones privadas en el lugar “son bastante antiguas, y son unas casitas, seis o siete, de repente”. Respondió un seco “sí” cuando alguien la consultó si en su mayoría son ranchos de pescadores.

LA SUPREMA CORTE HABLÓ
“Hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia que en definitiva consideró que lo que es toda la costa de Punta Colorada es un bien público”, dijo Salazar después de explicar su convocatoria a los medios de difusión masiva.

Explicó que “se trata de 18,5 hectáreas que desde hace muchos años venían siendo reclamadas por unos particulares como un bien privado, eso había generado una serie de acciones contra la intendencia, y con esta sentencia podemos decir que el tema quedó culminado”.

“Podemos afirmar entonces que toda la costa de Punta Colorada, inclusive una calle pública que había que también era reclamada como privada, podemos ya afirmar con seguridad que es toda pública”, anunció.

Añadió que “hemos tenido otras sentencias favorables, como la parte que abarca Playa Hermosa, que también podemos afirmar que es pública porque tuvimos una sentencia favorable”.

“Pero hay otros espacios del departamento que siguen en proceso judicial, por lo tanto todavía no se puede afirmar, como en este caso, que tenemos la tranquilidad de que todo esto es público”, admitió.

Cuando se le preguntó cómo van a proceder en Punta Colorada, Salazar respondió que “ese es el tema que vamos a pasar a analizar; lo que vamos a hacer es comunicar el resultado de esta sentencia que es muy reciente, se la vamos a comunicar a Control Edilicio”.

“A partir de ahí empezarán a saltar los mecanismos administrativos normales para cuando existen construcciones inapropiadas”, dijo, pero descartó que se vayan a usar topadoras para volear las construcciones existentes.

SE APELÓ A SUPUESTOS DERECHOS DEL SIGLO XVIII
El abogado Guillermo Ahlers, que acompañó a Salazar en la comunicación, dijo que los demandantes recurrieron a “documentación que data de mediados del Siglo XVIII”.

Detalló que la actual sentencia de la Suprema Corte de Justicia, “ratifica la posición del Tribunal de Apelaciones de 6º turno, (y) viene a dar certeza del dominio privado justamente, analizando documentación del Siglo XVIII”.

“Esa es una de las grandes dificultades que tenía el proceso; los bienes públicos están fuera del comercio de los hombres, y por lo tanto son imprescriptibles e inalienables”, continuó Ahlers.

Indicó que “no hay posibilidad de que en el transcurso del tiempo devenga en propietario” un privado, “para nada”, ni haciéndose cargo del pago de algún tipo de tributo, “porque el Código Civil determina que estos bienes están fuera del comercio de los hombres, y por lo tanto son del Estado”, consolidó.

19 JUICIOS PENDIENTES
Salazar dijo que “en este momento tenemos 19 juicios que tienen que ver con la faja costera, y podría decir que desde Solís hasta Punta Negra”.

“Tenemos también ya sentencia definitiva en Punta del Chileno; ahí también se reclamaba la faja de 150 metros, y ahí también tenemos sentencia definitiva declarando que es pública”, aseguró.

Expuso que “lo que es La Barra, prácticamente hasta José Ignacio, en distintas zonas, también tenemos reclamos; no hay viviendas, en ninguno de esos lugares existen viviendas”.

“Las costas no están en manos de privados, porque cada vez que un privado ha hecho algún acto que pretende ser de posesión, como alambrar por ejemplo, la intendencia se lo ha retirado, y eso es lo que ha originado los juicios”, expuso.

Declaró que “nosotros sostenemos que la costa es toda pública, por lo tanto solamente son los privados los que hacen algún acto, y nosotros les sacamos los alambrados, como ha pasado”.

“Cada vez que recibimos alguna denuncia nosotros concurrimos y se retiran esos alambrados, y ahí los particulares inician los procesos judiciales y son esos los que dan estos resultados”, prosiguió.

Apuntó que “nosotros no iniciamos ningún proceso judicial, porque nosotros sostenemos que la costa es pública, por lo tanto no necesitamos un proceso judicial para eso; es el privado el que pretende hacer algo, o hace algún acto sobre esos bienes, que es el que inicia reclamando lo que entiende que es un derecho de ellos”.


z.l.