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Este martes el Parlamento aprobó definitivamente la ley de internación compulsiva, con 74 votos a favor y 9 en contra, que le otorga al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) la potestad de “solicitar al prestador de salud correspondiente y/o a distintos centros de atención médicos la hospitalización de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aún sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.

Echeverría dijo en la Contratapa de la Revista que esta ley “apunta a preservar la salud e integración física de esa persona o de terceros y por lo tanto genera herramientas para que, aún contra su voluntad, puedan ser internados”.

“Es una herramienta, no es la solución al problema de fondo. Parte del debate es que esto no soluciona nada. Por supuesto que no soluciona nada el tema de fondo, los problemas de adicciones y salud mental son mucho más complejos y profundos”, expresó el diputado, refiriéndose al debate que la aprobación de la ley generó en el Parlamento.

“Al principio la ley planteaba la necesidad de intervención de un médico psiquiatra”, explicó Echeverría, y con esta modificación se introduce el permiso de que un médico general puede brindar el aval para internar a una persona debido a la escasez de psiquiatras en Uruguay.

Para el diputado nacionalista esta ley “puede evitar que personas puedan morir (…) Si hay una persona que corre riesgo de vida, el Estado puede internarla”.



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