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El Juez Letrado de Maldonado de 10º turno hizo lugar al pedido de procesamiento solicitado por el fiscal letrado Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, por violaciones a los derechos humanos acaecidas en la década del 70 y en especial las torturas a las que las víctimas fueron sometidas en el Batallón de Ingenieros nº 4 en Laguna del Sauce.

Se trata del primer procesamiento conseguido por esta Fiscalía, que fue creada en febrero del año pasado e investiga las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.

En mayo de 2018, Perciballe había solicitado el procesamiento de seis hombres y el juez determinó que Plácido Gregorio Amorín, fuera imputado como autor de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en calidad de autor; y que el coronel retirado Artigas Rivera Bianchi fuera procesado con prisión por dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de privación de libertad, en calidad de autor.

Respecto de los cuatro restantes imputados, dos de ellos se encuentran fallecidos, la defensa de otro interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de esta fiscalía y sobre el último el juez solicitó continúe emplazado para que se continúe investigando.

Perciballe dice en su pedido de procesamiento que estas actuaciones “se iniciaron el 31 de Octubre de 2011, a partir de un conjunto de denuncias, presentadas por distintas personas que pusieron en conocimiento de la Justicia, las violaciones a sus derechos humanos acaecidas en la década del 70 y en especial las torturas a las que fueron sometidas en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce”.

“En su gran mayoría, se trata de jóvenes estudiantes de entre dieciocho y veintipocos años, que pertenecían al Comité de Resistencia Antifascista (CRAFT) y al Movimiento Marxista (M.M). Grupos que se dedicaban a realizar propaganda (pintadas, pegatinas, volanteadas) contra la dictadura. Y que por dichas conductas fueron sometidos a diversos apremios físicos y privados de su libertad por varios años”, agrega.

En el pedido de procesamiento, se indica que hay elementos de convicción suficientes para sostener “prima facie” que Artigas Bianchi “se encuentra incurso en dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración, con dos delitos de privación de libertad”. Era el responsable de la unidad en ese momento.

También se señala que Víctor Stocco “se encuentra incurso en dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración, con dos delitos de privación de libertad”. Este era el responsable del S2 (inteligencia) de la unidad, quien obtuvo bajo torturas la declaración de dos detenidos. Como subordinado del anterior, también fue procesado Nelson Silveira, quien participó en los interrogatorios. La Justicia lo encontró culpable de dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos. Otro de los procesados es un sargento que revistó en la Oficina del S2.

Amorín, reconocido por varias víctimas como partícipe en las torturas, deberá responder como autor de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos.

También fue procesado un militar que participó como Juez sumariante en varias ocasiones. Se trata de Julio Antonio Techera, quien fue reconocido por alguna de las víctimas, y deberá responder por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en calidad de cómplice, con un delito continuado de privación de libertad, también en calidad de cómplice.

El Dr. José Luis Braga que revistió como médico de la unidad y fue reconocido por distintas víctimas como quien verificara su estado físico, físico, deberá responder también por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de cómplice. Sin embargo, en este caso el magistrado determinó su emplazamiento a la espera de recibir una prueba realizada hace varias décadas por el Sindicato Médico del Uruguay, según se indicó.


Acceda al pedido fiscal: