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Viana, que había realizado múltiples denuncias sobre temas medio ambientales y que fue traslado recientemente una Fiscalía de Menores, recordó que ya en 2004, cuando iba a instalarse Botnia en nuestro país, había advertido que “Uruguay iba a camino a quedarse sin agua potable”. Señaló que “muchos se rieron” ante esta afirmación, que fue tomada incluso con ironía por parte de las autoridades de gobierno, que lo acusaron de alarmar sin fundamentos a la población.

Agregó que ahora, unos años después, lo “más dramático” es que es una propia dependencia del gobierno como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, alerta de este problema.

“Parece que nos están quieren acostumbrar a que nos tenemos que embromar, que ya no tenemos ni vamos a tener agua potable, como sucede en otros países”, dijo Viana.

Destacó que esto vulnera los derechos humanos, y especialmente los de los más débiles, ya que el acceso al agua potable está consagrado como tal por la reforma constitucional del año 2004, por lo la situación es, a su juicio, “reprochable y repudiable”.

Viana dijo que proteger el derecho de acceso al agua potable, un recurso que nuestro país “siempre se golpeó el pecho que lo tenía y superabundante”, supone establecer límites. Pero agregó que “no se quiere proteger” a la población frente a quienes contaminan los cursos de agua en los que Ose se abastece.

Sostuvo que, para proteger ese derecho, hay que poner límites a las empresas que contaminen, como las plantas de celulosa, las mineras y las que usan agro tóxicos o producen alimentos genéticamente modificados, entre otras.

El fiscal manifestó que, cuando fue traslado, se aprestaba a hacer un planteo sobre la cenca del Santa Lucía, la Laguna del Sauce y la Laguna del Cisne, entre otras fuentes de agua de las que se provee Ose. Explicó que iba a proponer que se declarara zona protegida a la cuenca del Santa Lucía para las actividades que causen “daño ambiental”, al igual que para otras áreas, como Laguna del Sauce y del Cisne.

Viana subrayó que, para empezar a resolver este problema, el Estado tiene “que empezar a decir que no” a quienes realizan actividades que contaminan, “por razones de interés general”.


Escuche la entrevista: