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Da Costa explicó que, tanto las víctimas de violencia doméstica como todas aquellas personas que tomen conocimiento de un hecho de esas características, pueden realizar la denuncia correspondiente.

“La víctima deberá proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre la situación para que el juez determine la valoración correcta del riesgo, y en consecuencia se adopten las medidas de protección que más se ajusten”, indicó.

Una vez recibida la denuncia, la letrada señaló que el juez determina el plazo y alcance de las medidas cautelares de no acercamiento y no comunicación, por un plazo mínimo de 180 días.

Por otra parte, manifestó que en 72 horas el juez de oficio ordena la realización de un diagnóstico interdisciplinario de la situación entre víctima y agresor, y seguidamente convoca a una audiencia, en un plazo no mayor a 10 días, después de que se adoptaron las medidas en sede judicial.

“Allí tiene el deber de escuchar a las partes por separado, con representación de sus abogados y, si corresponde, se dará lugar a solicitar más medidas de protección por parte del abogado de la víctima. También si corresponde, se resolverán medidas sobre hijos o personas dependientes”, puntualizó.

Posteriormente, destacó que se convoca a otra audiencia evaluatoria, que se realiza 30 días antes del cese de esas medidas.

“Siempre se cumple el protocolo de que el agresor nunca se va a encontrar con la víctima en sede judicial”, puntualizó.