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El colectivo ciudadano COPaU manifestó públicamente su rechazo a la posible venta de la Plaza de la Madre, ubicada frente a la Rambla de los Argentinos. La propuesta, impulsada por la Intendencia de Maldonado, ingresó recientemente a la Junta Departamental con la solicitud de desafectar el terreno del dominio público.

Según el expediente presentado por el Ejecutivo departamental, el predio “no estaría cumpliendo a cabalidad con una finalidad específica y destacable en pro del bien público” y tendría una “escasa utilidad”, por lo cual se busca “darle mejor destino”. Se estima que su valor supera el millón de dólares y el objetivo sería financiar obras de recuperación patrimonial.

Desde CoPaU, una organización que trabaja para que Piriápolis sea reconocido como sitio patrimonial por la UNESCO, se alertó sobre las consecuencias que podría tener la enajenación de ese espacio. “Nos interpela críticamente la posibilidad de perder un espacio público, el último de este tipo sobre nuestro principal paseo costero, con el objetivo de obtener recursos para la recuperación del mismo patrimonio material que desde nuestro grupo de trabajo procuramos y alentamos a proteger”, expresaron en un comunicado.

El grupo también cuestionó la falta de participación ciudadana en el proceso: “Expresamos nuestra disconformidad con la decisión de enajenar la Plaza de la Madre, sin una instancia adecuada de participación”. Y agregaron: “Nos preocupa que bajo la premisa de generar ingresos para subsidiar obras de recuperación edilicia histórica-cultural, se puedan comprometer valores fundamentales del patrimonio común”.

La organización subrayó que los espacios públicos forman parte del patrimonio que debe conservarse. “La Plaza de la Madre debe destacarse como una manifestación cultural viva, un acervo que promueve relaciones más equilibradas entre los territorios”, señalaron. También consideraron que “los íconos patrimoniales, entre ellos los espacios públicos –frecuentemente subvalorados– deben considerarse más que meros recursos económicos: son factores de identidad, cohesión social y territorial”.

Como alternativas, se propuso incluir criterios de sostenibilidad territorial y mecanismos de compensación que eviten la pérdida de estos bienes comunes. Entre ellos, mencionaron que los ingresos generados por el uso de espacios públicos por parte de privados podrían considerarse como “pagos por servicios ambientales”, lo que permitiría retribuir a quienes protegen el patrimonio natural y cultural.

También plantearon la creación de una “Plataforma de Comunicación” que funcione como espacio de diálogo entre autoridades, sociedad civil y actores económicos frente a decisiones como la venta de bienes patrimoniales. Este ámbito permitiría compartir buenas prácticas, promover participación y fortalecer el enfoque colectivo.

“El desarrollo de Piriápolis debe ser respetuoso con la sociedad, con nuestra cultura y con el modelo económico que nos distingue y nos da identidad, tanto a nivel nacional como regional”, concluye el texto.