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La fiscal pidió además prisión preventiva de 120 días para El Buñuelo a la espera de reunir toda la evidencia necesaria de cara al juicio oral.

La Dra. Rodríguez fundamentó el pedido de prisión preventiva en función de que existe “la sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios”.

“Ello en tanto nos enfrentamos a un proceso que investiga aspectos delicados y sensibles que tienen lugar en una ciudad pequeña, con una difícil obtención de evidencia, lo que se ha manifestado es la presente investigación formalizada, en la que se ha debido ocurrir a la obtención de testimonios de testigos de identidad reservada, al existir un constatado peligro grave para éstos”, agrega el escrito.

El comunicado también recuerda que luego de formalizada la investigación por parte del juez, la defensa de particular confianza del imputado presentó una excepción de inconstitucionalidad contra normas del nuevo proceso penal.

Eso ocasionó que el magistrado actuante dispusiera la libertad del imputado y elevara el asunto a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que resuelva el planteo.

De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución de la República, “la declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimos: Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia y por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución. En este caso y en el previsto por el numeral 2º, se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia”.

A su vez, el comunicado de Fiscalía recuerda que el artículo 514 del Código General del Proceso establece que “acogido por el Tribunal el planteo de la inconstitucionalidad por vía de excepción o defensa, o planteada de oficio, se suspenderán los procedimientos y se elevarán las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia”.

El caso está a estudio ahora de la Suprema Corte de Justicia.

Acceda al documento con la formalización completa presentada por la Dra. Patricia Rodríguez: