Organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social en la jornada se presentará el documento "Mujeres en situación de trata sexual. Recomendaciones y orientaciones para periodistas y profesionales de la comunicación”. El viernes 30 de julio de 11 a 12.30 horas se contará con un intercambio de experiencias de autoridades y especialistas en la temática.
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El pasado 1 de julio el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, presentó el Informe Anual sobre Trata de Personas, también conocido como Informe TIP.
En lo que tiene que ver con el análisis de lo que pasa en Uruguay, el informe lo ubica en el Nivel 2.
El reporte divulgó que el país no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo.
El gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior, si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de COVID-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2.
El documento señala que se identificó 20 víctimas de trata menores de edad y formalizó a más de 30 personas por buscar víctimas de trata infantil con fines de explotación sexual.
Los “pero”
Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave e identificó a menos víctimas que en el período del informe anterior, entendió el documento.
El informe dice que “funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no ofreció servicios adecuados para las víctimas ni acceso constante a refugios.
El gobierno dedicó recursos insuficientes tanto a investigar, formalizar y condenar a autores del delito de trata con fines de explotación laboral, como a proteger a las víctimas de este delito”.
Algunas víctimas se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
El artículo 78 de la ley de migraciones, promulgada en 2008, penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y establece penas de 4 a 16 años de penitenciaría, consideradas “suficientemente severas”.
En 2020, el gobierno inició 22 investigaciones nuevas de trata, a diferencia de las 23 tanto en 2019 como en 2018.
El gobierno formalizó a once tratantes acusados en 2020, a diferencia de los cuatro formalizados tanto en 2019 como en 2018, sin informar si estos presuntos tratantes habían sido acusados de trata con fines de explotación sexual o laboral. Sin embargo, sí confirmó que al menos dos eran ciudadanos extranjeros.
La justicia también formalizó a 39 personas por buscar víctimas infantiles de trata con fines de explotación sexual, a diferencia de solo 2 que habían sido formalizadas en 2019.
La gran mayoría de estas formalizaciones adicionales fue el resultado de una investigación policial coordinada y multijurisdiccional denominada “Operación Océano”.
La Fiscalía General de la Nación en Montevideo tuvo tres unidades de género (en 2019 eran dos) que priorizaron investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil. No hubo unidades especializadas en el interior del país.
MENOS
El texto del documento estadounidense señaló que “el gobierno redujo su trabajo de protección” y “disminuyó levemente” la prevención.
El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, integrado por representantes de agencias de alto nivel del gobierno y participantes de la sociedad civil y liderado por el MIDES, se reunió en dos oportunidades durante el período del informe.
Tal como se ha informado en los últimos cinco años, tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior.
Mujeres y niñas uruguayas son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país, en tanto que “tratantes” obligan a uruguayas a practicar actos sexuales comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España.
También se somete a mujeres provenientes de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, de otros países sudamericanos, a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Muchas víctimas son mujeres sudamericanas afrodescendientes.
Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana y Paraguay, son sometidos a trabajo forzoso en construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera.
Los conceptos y datos manejados forman parte del documento divulgado en Uruguay por la Embajada de los Estados Unidos de América.
07 Jun 2025
12:00
