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El caso de la muerte de Marcelo Ayala que el Comisionado Parlamentario presentó el jueves 3 ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento, es según el funcionario revelador de que “la administración de justicia y la administración penitenciaria, tiene fallas estructurales y sistémicas que determinan que sean derivados a la cárcel casos que deberían ser atendidos en servicios médicos especializados o en sistema de medidas sustitutivas eficientes y continentes, debido a sus trastornos de salud mental que pueden afectar su imputabilidad”.

Marcelo Ayala, fue condenado el 8 de marzo en Maldonado por un delito de desacato y otro de agravio a la autoridad, luego que tirara parte del dispositivo que la justicia le había colocado para que no se acercara a su familia ante los problemas de convivencia que tenía y mantuviera un altercado con la policía. El altercado fue justamente cuando fue a una comisaría para cargar la energía del dispositivo.

Ayala fue ingresado a la cárcel de Maldonado, luego derivado al Centro de Ingreso Derivación y Diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), luego al Módulo 5 de COMCAR y finalmente al ala psiquiátrica del Módulo 12 de ese establecimiento, que es gestionado por ASSE. En todos los casos los traslados se realizaban al verificar que total desajuste de conducta para esos centros: agredía, lo agredían, hablaba como un niño, decía incoherencias, tenía conductas bizarras e incomprensibles.

El joven fue valorado como imputable por una pericia realizada ante otra situación anterior, también vinculada a sus dificultades con la tobillera y el sistema dispositivo electrónico de control. El Comisionado informó al Parlamento que “hubiera correspondido realizar una nueva pericia, ya que la investigación se realiza sobre un hecho nuevo y la imputabilidad debe valorarse para cada situación”.

La muerte del joven está bajo investigación fiscal. La autopsia no pudo concluir las causas de muerte –no había señales de violencia– pero todavía se están realizando análisis de los tejidos extraídos. El día antes de su muerte, Ayala tenía dificultades para caminar y la mañana siguiente desde la enfermería se pidió auxilio al centro médico de COMCAR por parte de los enfermeros que lo asistían. Al llegar ya estaba muerto.

El Comisionado señaló, ante las carencias del sistema de justicia y ejecución penal que “estas fallas sistémicas, estructurales y de larga data, provocan muertes y el deterioro silencioso de muchas personas con afectación también de sus familias y terceros. La muerte de este joven es una alarma sonando, ya que hemos visto y vemos en nuestro trabajo situaciones similares, algunas terminan en la muerte como el caso de marras, otras en el decaimiento de la persona y su futura imposibilidad de reinsertarse a una vida digna en sociedad y familia”.

El informe del Comisionado concluye que “el tipo de afectación de salud mental de Marcelo Ayala en ningún caso podía ser debidamente atendida dentro de un sistema carcelario. Debió haber estar internado en un servicio especializado de atención de salud mental, apropiado para su afectación: control psiquiátrico, medicación rigurosa y monitorizada, laborterapia, asistencia socio familiar, agenda cotidiana de actividades. No debió ir a una cárcel, por mejor voluntad y dedicación que pusieran los funcionarios actuantes, nunca iba a tener la atención que necesitaba”.

En sus recomendaciones el funcionario parlamentario recomendó al Poder Judicial y al Instituto Técnico Forense que las pericias sobre imputabilidad “cuenten con un Protocolo básico para la actuación del perito, de manera de asegurar que un mínimo estandarizado de elementos del contexto social, sanitario y educativo del periciado siempre estén presentes”, y que las valoraciones de imputabilidad “se hagan siempre en referencia al hecho nuevo que las motiva y se usen las anteriores como eventuales indicadores o antecedentes pero sin carácter conclusivo”.

El informe, que fue elevado a la Fiscalía, Poder Judicial, el Ministerio del Interior y ASSE, subraya que es imprescindible que se refuerce, por parte de ASSE, la dotación de los programas de atención de salud mental dentro de las cárceles y que se refuercen los mecanismos de conexión con las comunidades, para asegurar la continuidad de los tratamiento y la asistencia, en especial a los sectores con más carencias, la atención de las situaciones complejas de salud mental. Ya existen en el país normas jurídicas claras de “justicia terapeútica”, que permiten que personas afectadas en su salud mental puedan ser internadas en centros especializados para su atención para su rehabilitación durante la ejecución penal, cosa que ocurre muchas veces.

También se recomienda al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación consolidar el sistema de seguimiento y rehabilitación de las medidas sustitutivas de la prisión –hoy tiene una bajísima asignación de recursos materiales y humanos, con unos 10.000 casos que deben ser seguidos por un limitado equipo de unas 20 personas– para aquellos casos de delitos que por diversos motivos tendrán –su poca gravedad, características o la afectación sanitaria de la persona– mucha mejor rehabilitación allí que en un centro carcelario.

En esa línea, el documento, que también se presentará en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, concluye que es necesario que todos los operadores del sistema de justicia –entre los que se incluye el Comisionado Parlamentario– trabajar en conjunto para desarrollar los mecanismos de “justicia terapeútica” ya existentes en la legislación nacional y que pueden ayudar, no solo a evitar el congestionamiento de las cárceles con casos que deben ser atendidos en centros especializados de salud, sino también a bajar la reincidencia.

Para salir del grave atolladero que tiene el sistema penitenciario, con una población creciente, hacinamiento crítico y una de las tasas de prisionización más alta del mundo, el Comisionado también se refirió al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior recomendado poner en marcha un mecanismo, previsto legalmente, que crea un ámbito de trabajo entre los tres poderes del Estado en la materia. “Recomendamos al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio del Interior, convocar, como dispone la ley 19.889 en sus arts. 88 y siguientes, la instalación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, con representantes de todos los poderes del Estado, implementación que todavía no se ha hecho, con la presencia más amplia que sea posible de actores institucionales, a los efectos de la conformación de una política pública para la privación de libertad acorde a los desafíos del siglo XXI, lo que requiere el accionar estratégico y planificado de todos los actores involucrados y reflejados en el caso que motiva este informe”, concluyó el documento.



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