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Durante el transcurso de la audiencia, la representante legal de los accionantes acusó a la Intendencia de “omisa contumaz” a la hora de fiscalizar el trabajo ilegal de Uber. Por su parte, la administración -que estuvo representada por la Dra. Adriana Graziuso, la Dra. Daniela Trota y los Dres. Alhers y Fernández Chávez- sostuvo que ha cumplido con todas sus obligaciones de contralor, recordó lo establecido por la Ley Orgánica Municipal en cuanto a las competencias de la Intendencia (“Reglamentar el tránsito y los servicios de transporte, de pasajeros y de carga”) y agregó que "como corolario de esa competencia está la tarea de contralor, tanto del tránsito como de transporte".

"En el tiempo transcurrido de la temporada estival, donde los actores sitúan su agravio, ante un departamento con una gran afluencia de turistas, la Intendencia ha desdoblado controles de distinta índole a fin de encausar el tránsito de vehículos y la prestación de los servicios de transporte, amén de las inspecciones en otras áreas ejerciendo la policía de la salubridad, de higiene, de la construcción, etc. Se han desplegado inspectores en las vías más importantes de circulación, en todos los horarios y especialmente en los de mayor densidad de circulación, a fin de prevenir en primer lugar, y sancionar en casos de detectar transgresiones. Como parte de esa tarea general de control, también la Intendencia observa el trabajo del servicio de taxímetro, y de quienes realizan tareas de ese tipo de transporte o similar, sin autorización", contestaron.

La audiencia fue dirigida por el juez de feria, Diego González Camejo, a cargo de la Administración de Justicia durante el receso de la Feria Judicial Mayor. Si bien González es titular del juzgado penal de 11º en este caso por tratarse del receso ofició al frente del juzgado civil de 6º tuno la sede natural de este tipo de planteos.

Luego de escuchar a las partes durante la audiencia de esta mañana, González Camejo habilitó un plazo que vence a las 11:00 del próximo viernes con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes que evite un pronunciamiento en primera instancia el que, además, podrá ser apelado ante un tribunal de alzada y eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia.

El juez Gonzáles Cemejo sostuvo que la parte actora deberá presentar una propuesta a los abogados de la administración en un plazo no mayor a las 17 horas de este miércoles y que a partir de ese momento se arme una mesa de trabajo para tratar de encontrar una salida de consenso que contemple a las partes.

Por tratarse de un acuerdo entre partes en el marco de un contencioso judicial el mismo deberá ser homologado por el juez correspondiente. Y si esto ocurre el acuerdo tendrá la misma fuerza que una sentencia judicial.

“Por eso impulsamos un plazo hasta el viernes. Se busca que ambas partes trabajen en las propuestas. Lo que ellas traigan como acuerdo para ser homologado por la sede deberá ajustarse a derecho”, explicó el juez.

Por su parte, las abogadas de la central de taxímetros propusieron que la comuna de Maldonado disponga inspectores de tránsito para fiscalizar a los conductores de Uber en los lugares de mayor trabajo para el transporte oneroso de pasajeros. entre ellos el aeropuerto de Laguna del Sauce, el puerto de Punta del Este, los hoteles de mayor categoría y en las puertas de las discotecas.

La acción de amparo presentada el pasado viernes, pide a la Justicia que obligue a la Intendencia a fiscalizar a los trabajadores ilegales de Uber inclusive apelando a la colaboración de la fuerza pública.

La Intendencia sostuvo también que los funcionarios fiscalizan a esta plataforma desde junio del año pasado y que no se puede actuar solo a partir de observar en la aplicación de Uber los conductores de la misma que esperan ser llamados por clientes.


El País y Prensa Fm Gente
foto: prensa Fm Gente

Acceda al documento completo con el resumen de la contestación de la demanda y argumentos de la Intendencia: